POR: Zin Kubo
¿En qué consistieron las reformas del 97?
1. Se impuso un límite al tiempo en el que un estudiante puede seguir presentando exámenes extraordinarios para concluir sus estudios.
2. Se abolió el pase automático y el derecho a elegir carrera para más del 90% de los estudiantes de bachillerato de la UNAM; a los que tarden más de 4 años en terminar el bachillerato se les obliga a presentar de nuevo un examen de admisión para la licenciatura y se decretó dar de baja a los estudiantes que terminen con menos de 7 de promedio.
Sobre el primer punto:
Hasta 1997, si una carrera duraba 4 años, por ejemplo el estudiante podía ser alumno inscrito durante 6 años, pero después de ello podía seguir aprobando sus materias presentando exámenes extraordinarios durante el tiempo que requiriera para terminar la carrera.
Con las reformas del 97, el tiempo que un alumno puede permanecer inscrito quedó igual pero se impuso un límite de dos años máximo para aprobar las materias restantes en exámenes extraordinarios. Si al cabo de esos dos años no logra ser pasante, es decir, aprobar el 100% de créditos, más idiomas y servicio social, el estudiante es dado de baja de la UNAM sin posibilidad alguna de reconocimiento oficial de los estudios que ya había realizado.
La exigencia del movimiento estudiantil sobre este punto ha sido clara desde el principio, sólo queremos que se permita a los estudiantes concluir sus estudios con exámenes extraordinarios sin el límite de dos años, lo cual no implica que ocupe el lugar de algún estudiante que venga detrás, ni representa ningún gasto para la UNAM. Pero el detalle de ponerle un límite de tiempo para presentar exámenes, expulsa a dos terceras partes de los estudiantes de la UNAM, que no terminan su carrera en el tiempo que está fijado en los planes de estudio. Sólo por poner un ejemplo, el promedio de término de la carrera de matemáticas es de 7 años, a pesar de que el plan de estudios dice que deben de ser 4 años.
¿Cuáles son los estudiantes que tardan más en terminar sus estudios? Los estudiantes que trabajan, los que tienen un entorno social con muchos menos recursos educativos a su alcance y muchos de los que, por cualquier motivo, no pueden dedicarse de tiempo completo a sus estudios. Muchos otros deben abandonar sus estudios en cierto momento y, con esta medida impuesta, no tendrían posibilidad de regresar en otro momento de su vida a concluir sus estudios.
La UNAM, consecuente con el papel de ser la Universidad pública más importante del país y del continente, debe preocuparse por no cerrarle la puerta a un amplio conjunto de sus estudiantes, que no tire a la basura lo que ellos han logrado en su superación personal.
Desde la Universidad de la élite se acusa de que esta propuesta busca promover la debacle académica. Si así fuera, la UNAM ha vivido por casi 40 años en la debacle académica, lo cual es absurdo. Con ese derecho, se han formado miles de los profesionistas actuales.
Sobre el segundo punto:
El pase automático se estableció por el rector Barros Sierra en 1966, después de un movimiento que exigía esa demanda y que culminó con la caída del rector Ignacio Chávez.
El razonamiento de Barros Sierra era muy sencillo: los estudiantes que aprueben el bachillerato de la UNAM ya han sido evaluados por la propia Universidad y no hay razón para volverlos a evaluar para ver si son aptos para seguir en la misma institución. Fueron evaluados en un examen de admisión y fueron evaluados en las decenas de exámenes que presentaron en su bachillerato.
En los documentos en que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) recomienda, o mejor dicho ordena la privatización de la UNAM, hace explícito, junto con el punto de "encarar un aumento a la contribución de los estudiantes en el costo de sus estudios", la necesidad de abolir el pase automático en la Universidad Nacional.
Socialmente, la abolición del pase automático implica eliminar un mecanismo que tiende a igualar las posibilidades de continuar sus estudios a los jóvenes de unos y otros sectores sociales. Quitar el pase automático redunda en un privilegio para los sectores más acomodados en lo que se refiere al ingreso a las carreras de la UNAM.
Algunos datos sustentan esta afirmación: de cada 100 hijos de obreros y campesinos que presentan el examen de admisión a licenciatura, menos de cinco lo aprueban; mientras que de cada 100 hijos de empresarios y funcionarios que presentan el examen de admisión, 13 lo aprueban. Casi el triple.
En cambio, de cada 100 hijos de obreros y campesinos que aspiran a ingresar a la licenciatura vía pase automático al inicio de su tercer año de bachillerato, 56 lo logran, y de cada 100 hijos de empresarios y funcionarios, 59 lo logran. Prácticamente el mismo porcentaje.
A esto hay que agregar que en las reformas del 97 sólo se le garantiza a un estudiante que podrá ingresar a la carrera que solicita si termina en tres años y con un promedio superior o igual a 9. Según los datos de las propias autoridades, hay menos de 8 de cada 100 alumnos del bachillerato universitario que cumplen ese requisito, los otros 92, en el mejor de los casos, quedan condenados a la asignación que determinen las autoridades. Evidentemente, esta es una forma para fomentar la deserción estudiantil y disminuir aún más la matrícula.
Con las reformas del 97 se acaba la posibilidad de que los que trabajan o los que por cualquier razón abandonan sus estudios, puedan terminar después el bachillerato vía extraordinarios.
Las reformas del 97 fueron impuestas no por razones académicas, sino por razones económicas y sociales, para expulsar de la UNAM una amplia franja de estudiantes de escasos recursos. Junto con el atentado contra la gratuidad, estas medidas representan la mayor ofensiva desplegada por el gobierno y las autoridades universitarias para negarle derecho a la educación superior a ciertas capas de la población, los de abajo.
Después de que rompieron la huelga, las autoridades se vieron obligadas a decretar suspendidas las reformas del 97, pero no ha quitado el dedo del renglón. Siguiendo la línea de un rectorado lleno de hipocresía que mantiene un proceso de privatización soterrada de la UNAM, De la Fuente ha permitido que en distintas escuelas estas reformas se apliquen bajo métodos coercitivos y viles, como obligando a los estudiantes de bachillerato a firmar su baja de la UNAM amenazándolos con las reformas o informando cínicamente que las reformas se encuentran vigentes a pesar de que la legislación dice lo contrario.
En el proceso de cambio de rector, José Antonio de la Peña declaró explícitamente su intención de volver a aprobar las reformas, y José Narro no tuvo necesidad de hacerlo, porque ya las ha defendido en reiteradas ocasiones, como representante de las autoridades en los diálogos con el CEU y con el CGH.
Estas reformas se implementaron con el argumento de que se quería de que la UNAM fuera "para los mejores". La respuesta del movimiento estudiantil no se hizo esperar: la UNAM no tiene que ser, como lo anuncian varios slogans de las universidades privadas, sólo "para los mejores", la Universidad pública más grande de América Latina debe estar al servicio de su pueblo, debe ser una Universidad dedicada a hacer mejores a los más posibles.
Mantener la pelea porque estas reformas queden definitivamente derogadas es quizá la lucha más importante en este momento en contra de la privatización de la UNAM. El ex rector Barnés decía que para él resultaba más importante sostener estas reformas que las cuotas por inscripción, él sabía que las reformas del 97 aceleran la privatización de la UNAM. Para los estudiantes que son parte del sector social siempre excluido y súper explotado de este país, la disyuntiva es luchar o perderlo todo, es una cuestión de sobrevivencia en la Universidad.
