EDITORIAL

En México, la criminalización de la lucha social ha sido una contante a lo largo de su historia. Hoy hacemos un Recorrido de la represión ejercida contra el movimiento estudiantil. A 40 años de la represión dirigida contra el movimiento estudiantil del 68, recordarla nos parece un ejercicio ineludible en tanto que nos reconocemos en su lucha y sus demandas. Los sonidos de los movimientos de resistencia estudiantil aún se escuchan en los espacios en que confluimos cotidianamente.
Como medio libre de comunicación, Recorrido pretende dar voz en este número a las luchas que poco a poco se olvidan o se institucionalizan. No consideramos que la represión contra los movimientos sociales sea cosa del pasado: por el contrario, es parte de nuestra cotidianidad. El día de hoy existen compañeros universitarios encarcelados bajo supuestos delitos de terrorismo o delincuencia organizada. Así mismo, los grupos porriles siguen atacando a los estudiantes mientras que las autoridades universitarias los identifican con organizaciones de activismo estudiantil. Por otra parte, aun es día en que se golpea a estudiantes y maestros que en Oaxaca, Guerrero y Morelos defienden la educación.
Ante estas problemáticas, nacidas de las formas vigentes y corroídas de hacer política, creemos que otra perspectiva de los acontecimientos y la organización de los estudiantes es un paso fundamental hacia la construcción de la que llamamos la otra forma de hacer política.
El pensamiento crítico y la libertad de expresión son nuestras armas de lucha.

HAMBRE, MISERIA Y POBREZA: ESOS SON LOS AGITADORES

Actualmente, se ha vuelto común decir que el 68 representó un parte aguas en la historia de México puesto que aportó un sin fin de elementos a la democracia. Sin embargo, pocos recuerdan que la democracia no es más que un grupo de leyes y acuerdos (impuestos según las necesidades del Estado) que sirven para legitimar al gobierno mismo, es decir, para aparentar que en México se respetan las leyes y los derechos humanos.

Ahora, en el marco de la institucionalización del 2 de octubre, este suceso comienza a integrarse a la historia oficial que contará los hechos velados por una niebla que no sólo los muestra remotos, sino que agrega las victimas a la eterna lista de los “héroes mexicanos que nos dieron patria”. Bajo esta idea positivista y de progreso, el Estado se viste de gloria al mostrar y enfatizar, un concepto de democracia que aparentemente es muestra de avance y mejoría política en el país.

Hoy, como hace cuarenta años, el Estado dispone de un sin fin de elementos para reprimir y acabar con las expresiones de protesta social. Hasta la fecha, se utiliza la cárcel en contra de todo aquel que se oponga a los mandatos del gobierno, sin importar cuáles sean sus razones o exigencias, o reclame sus derechos de manera organizada.

Hoy, como entonces, se utiliza a los medios de comunicación para desvincular y estigmatizar estas luchas. Sin embargo, existen diferencias que muestran los avances cualitativos que en materia de represión ha tenido el Estado desde entonces.

Hace 40 años las personas que eran injustamente presas por su participación en las luchas sociales eran juzgadas bajo el delito de disolución social. Dicho delito estaba claramente identificado como un delito político, es decir, era evidente que estas personas estaban presas como resultado de su participación política, de modo que a los ojos de la ley no eran delincuentes comunes ni asesinos cualquiera. Ahora, tras la fachada de una falsa democracia que se jacta de la eliminación de estos delitos, se oculta una táctica mucho más perversa: la criminalización de la protesta social. Los presos políticos y de conciencia en la actualidad son juzgados bajo delitos comunes o federales. Se les acusa de terroristas o secuestradores y se les hace aparecer ante la opinión pública como peligrosísimos delincuentes que ponen en riesgo a la nación, y más grave aún, sin que pueda percibirse que los delitos que cometieron son de orden político, si realmente se puede hablar de delito como tal. Finalmente el Estado los apresa debido a que le han declarado la guerra y luchan contra él (presos políticos) o bien por el simple y sencillo hecho de que exigen el cumplimiento de sus derechos y luchan usando todas las formas legales de protesta para que se cumplan sus garantías (presos de conciencia).

En este sentido no se debe perder de vista que proporcionalmente a la constancia con la que se habla de construcción de democracia y se firman tratados y acuerdos sobre los derechos humanos, aumenta la especialización y perfeccionamiento en las formas de represión y tortura del Estado mexicano. No debe sorprendernos la capacidad que ha desarrollado para someter a las personas a juicios plagados de irregularidades jurídicas, sembrar pruebas y fabricar delitos que a una increíble velocidad hacen de los derechos humanos y su ejercicio delitos que ponen en riesgo a la nación. Tal es resultado de una evolución en su táctica y de su capacidad de aprender de los errores pasados.

Ante este ambiente de criminalización de la protesta social, los delitos que antes eran llamados de disolución social han cambiado de nombre, ahora son conocidos como terrorismo, secuestro equiparado, obstrucción de las vías de comunicación: han perdido su esencia política. A la par, los medios de comunicación emprenden una campaña para generar pánico en la sociedad exacerbando la delincuencia que no es más que el resultado de la descomposición social que el mismo Estado propicia.

Mientras el Estado no asuma su responsabilidad de garantizar el goce de los derechos humanos de la población, mientras no garantice el cese del uso de las fuerzas armadas y los instrumentos policíacos con fines represivos, decenas de derechos humanos seguirán siendo violados y conducirán a las personas a la necesidad de organizarse y exigir su cumplimiento a través de la protesta. Así, un nuevo reto se le presenta a aquellos que son reprimidos: aprender a defenderse con más instrumentos, en este caso la documentación de las violaciones a los derechos humanos es fundamental, para desnudar las políticas represivas del Estado.

Por lo demás es clarísimo que en una cosa se parecen las condiciones del 68 y las actuales, los agitadores, esos oscuros entes con propósitos perversos siguen siendo los mismos: el Estado y su política de muerte y terror.

Comité Cerezo México

EL RECIENTE ATAQUE PORRIL A LA FFYL

El miércoles 10 de septiembre del año en curso comenzó un acto porril en la facultad de ingeniería apoyado por sus autoridades en el cual se desalojó sin motivo aparente a los estudiantes y se dio paso a la convocatoria a otros grupos porriles, al parecer por parte de la Porra Pi, para concentrarse el viernes 12 con motivo del partido de football americano entre la UNAM y el IPN para hacer "la quema del burro". El día siguiente, jueves, la Facultad de Ingeniería estaba tapizada con propaganda de dicha porra y de su convocatoria al encuentro. Por la tarde hubo una "pre-quema" por parte de dicho grupo y porros de otras organizaciones, es decir, agresiones a los estudiantes, explosiones de petardos, lluvias de rocas, daños a las instalaciones y vehículos.

Varias organizaciones porriles se concentraron en la universidad desde las 10 de la mañana. A esa hora se comenzaron a oír explosiones de petardos y cohetones en Las Islas y el estacionamiento de la Facultad de Derecho que duraron hasta las 16:00 horas. Dichos grupos recorrieron en varios contingentes separados las facultades de Ciencias, Ingeniería, Química, Contaduría, Arquitectura y Economía así como el Circuito Interior y Las Islas.

A las 18:00 horas la Facultad de Filosofía y Letras se encontraba rebozante de gente, así como las jardineras de la Biblioteca Central, dado que las autoridades de la UNAM ya no permiten el paso al Jardíndel Edén, espacio de convivio que distribuía la crecida población de estudiantes. A las 18:40 una concentración de porros (250 aproximadamente) se dirigió rumbo a dicha facultad de manera organizada, distribuida en dos bandos, de manera que no cruzaron en diagonal por Las Islas hacia a la Facultad y no fueron identificados con suficiente premura como para tomar medidas preventivas. Asimismo, los contingentes se movilizaron de manera silenciosa, uno de ellos llegó por el pasillo techado que va de Economía a Filósofía pasando por Derecho, y el otro, menos numeroso, se movilizó desde Arquitectura atravesando Las Islas y acercándose a la FFyL a lo largo del muro de la Biblioteca Central.

Una vez concentrados, arrojaron desde sus posiciones en la explanada de las Islas varios explosivos a la comunidad aglutinada en la primera jardinera de la Bilbioteca Central y uno de ellos explotó sobre el dorso de un joven. La comunidad aglutinada en dicha jardinera
se levantó y corrió hacia el pasillo de la entrada de la Facultad mientras los porros en formación subían con velocidad las escaleras lanzando piedras y más explosivos. Los estudiantes fueron divididos en el ataque y se refugiaron unos en la Biblioteca Central y otros en la Facultad ingresando a los pasillos por la entrada principal. Mientras algunos integrantes del grupo porril golpeaban a los rezagados, otros arrojaban piedras y explosivos a la entrada de la Biblioteca Central, de la cual algunos vidrios fueron quebrados por los impactos de rocas. De los rezagados, que fueron golpeados brutalmente, dos jóvenes quedaron ensangrentados en el suelo. También atacaron con las mismas armas a los estudiantes que se refugiaban en la Facultad por la entrada principal y al comercio fijo que ahí se encuentra.

Los atacantes se dirigieron, posteriormente, por el pasillo, hacia el Auditorio Che Guevara, donde se realizaba un evento cultural. Repitieron el mismo ataque y golpearon a alrededor de 15 personas, de los que más de 3 fueron heridos de gravedad, entre ellos, una preparatoriana que peridió la consciencia. Después se congregaron en Circuito Interior y arrojaron petardos y rocas hacia la Biblioteca Samuel Ramos por la entrada lateral de la Facultad. Como ésta se encontraba cerrada y dio poco alcance a sus lanzamientos regresaron a acometer contra la Biblioteca Central y terminar de romper el resto de los cristales de la entrada. Luego avanzaron por el pasillo rumbo al espacio que la comunidad de la facultad llama Lounge o Stone Age, situada entre el Jardín del Edén y la Biblioteca, y después de rodear la Central se aglutinaron entre Rectoría y la Biblioteca. Mientras esto sucedía en los alrededores de la FFyL, otro contingente de porros mucho mayor se concentró en el puente de Insurgentes. Luego que ambos grupos se festejaron gritando y lanzando cosas, siete u ocho dirigentes vestidos de negro descendieron del puente por las escaleras, pitaron silbatos para comunicarse con ambos contingentes de porros y organizarlos. El contingente más cercano arrojó rocas a los vidrios de la Biblioteca Central, a modo de despedida, para después reunirse con el otro contingente e ir al estadio de la UNAM.

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DE LA FFYL

El pasado 19 de septiembre, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco Gómez, difundió un comunicado sobre los hechos violentos del pasado viernes 12. Ante dicho documento, y frente a la andanada de mentiras que se han difundido por todos los medios oficiales de la UNAM, vale la pena hacer las siguientes observaciones:

1. Las autoridades universitarias están obligadas a garantizar la seguridad de alumnos, académicos y trabajadores por igual; sin embargo, más allá de tomar medidas concretas en ese sentido, el director de la Facultad se limita a la cómoda condena de los ataques porriles, al mismo tiempo que manifiesta su apoyo a las acciones que está realizando la Rectoría en contra de los “agresores identificados”. Pero, más allá de la expulsión de algunos porros, ¿qué tipo de medidas se están tomando para acabar con el problema de raíz? Si, como tememos, esta clase de agresiones se repiten, quedará claro que con estas sanciones solamente se busca calmar la indignación que existe por la inocultable pasividad de las autoridades frente a estos hechos.

2. Apostándole tanto a la fragmentación como a la desinformación que, desgraciadamente, permea entre los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, las autoridades fabrican una verdad a modo, en donde no sólo mienten cuando dicen que procuraron en “todo momento preservar la integridad de profesores, alumnos y trabajadores”, sino que, además, mencionan que no hubo lesionados entre los miembros de la comunidad. Efectivamente, el hecho de que, afortunadamente, no haya habido heridos de gravedad, no quiere decir que no hubiera personas que resultaron con heridas leves y contusiones menores.

3. Considerando la gravedad de los hechos, llama la atención lo escueto que resulta el comunicado del Director de la Facultad. Cabe preguntarse si Ambrosio Velasco también hace suya la ridícula comparación que estableció la Rectoría entre los actos porriles y las labores propias de los grupos de activistas presentes en toda la UNAM.

4. Frente a la falta de respuestas, pero sobre todo de acciones concretas contra el porrismo (un problema que padece la universidad desde hace décadas), las interrogantes sobre la verdadera responsabilidad de estos hechos, por omisión e incluso complicidad, se extienden a todas las autoridades de la UNAM en su conjunto.


Como hemos mencionado, el porrismo en la universidad es un problema añejo. Históricamente estos grupos violentos han servido para amedrentar a los universitarios, sobre todo a aquellos que trabajan por generar la organización de los estudiantes en torno a reivindicaciones sociales y políticas dentro de la UNAM.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que por estas fechas conmemoramos el XL aniversario del Movimiento estudiantil de 1968, no podemos dejar de advertir la esquizofrenia política de las autoridades universitarias. Y es que, por un lado, mientras despliegan una cantidad impresionante de recursos para la realización de eventos en torno al 68 mexicano; por el otro, el porrismo, que algunos consideran fue el detonante de la insurrección estudiantil de aquellos años, sigue presente dentro de la UNAM, con los mismos fines y… ¿con los mismos patrocinadores?

Por Fernando Vidal Olmos

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL:

El pasado viernes 12 de septiembre la comunidad universitaria fue víctima del hostigamiento porril. So pretexto de la "quema del burro", recorrieron impunemente el Campus y a su paso lesionaron con petardos, navajas, piedras, palos y botellas a estudiantes, trabajadores, vendedores y a todo aquel que en su camino encontraron. Ante esto, las autoridades universitarias, tanto de Rectoría como de la Facultad de Ingeniería, mostraron nuevamente su histórica complicidad con los grupos porriles al mostrarse indiferentes a las advertencias hechas por los estudiantes de dicha facultad (Vid. La jornada, "Correo Ilustrado", 12/09/08). Lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre en la UNAM, actualmente numerosos grupos porriles operan con total libertad (por ejemplo la OEU, FEN, GES, Porra Pi, Grupo 3 de marzo, etc., que actúan, al menos, en CCH-Sur, Vallejo y Naucalpan, Prepas 1, 5, 6, 8 y 9, Facultades de Ingeniería y Derecho). Muchos de ellos están cobijados bajo el epíteto de "grupos de animación deportiva y promoción cultural", lo cual les permite recibir apoyo institucional de diversa índole. De forma cotidiana, la comunidad universitaria es presa de la violencia y hostigamiento sistemático ejercido por dichos porros y las autoridades, tanto de la Rectoría como de los planteles que los albergan, no actúan de manera eficiente para erradicarlos; por el contrario, algunas de éstas promueven y dirigen sus acciones en función de los intereses en el poder, tanto internos como externos. Estos hechos se inscriben dentro de los acontecimientos violentos que permean al país que justifican y legitiman la militarización del territorio nacional por parte del Gobierno Federal, mediante la criminalización de los movimientos sociales y toda manifestación divergente, con tal de implementar políticas favorables a los intereses de esta minoría en el poder.

Por ende, la Asamblea General, realizada en la Facultad de Filosofía y Letras el 17 de septiembre de 2008, declara que:

1. Responsabilizamos de todo acto porril y sus consecuencias a las autoridades de Rectoría.

2. Exigimos la destitución, expulsión y apertura de un proceso penal en contra de las autoridades que tengan nexos comprobables con grupos porriles y/o hayan encubierto actividades de los mismos.

3. Exigimos la expulsión de todo aquel que sea identificado como porro; así mismo, la apertura de procesos penales en su contra.

4. Exigimos que Rectoría haga públicas todas las investigaciones y evidencias (fotos, videos, informes, declaraciones, etc.) que tiene en su poder sobre los grupos porriles y sus actos.

5. Repudiamos la criminalización por parte de Rectoría de los movimientos políticos y sociales, especialmente los estudiantiles, lo cual concuerda con las políticas coercitivas a nivel nacional. Esto puede apreciarse en el cartel informativo publicado por Rectoría el 17 de septiembre ante los recientes ataques porriles en el que se equiparan los movimientos político-sociales con "las acciones violentas y de porrismo":

“La Universidad Nacional ha sido víctima de diferentes actos violentos y de intromisión, que han afectado la normalidad de su vida académica. Este es el caso del bloqueo de sus vialidades internas por el grupo autodenominado «en defensa de los caídos de Atenco», del 25 al 27 de agosto; y del uso indebido de las instalaciones universitarias por varias decenas de «campesinos ecologistas» y más de un millar de profesores, los días 31 de agosto y 10 de septiembre, respectivamente. Otros grupos de porros, a lo largo de este año, también han agredido diferentes planteles del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria”.

El carácter público y nacional de la Universidad le impide cerrar los ojos y dar la espalda a la problemática social y política no sólo del país, sino de América Latina y, por ende, a los movimientos sociales que buscan solucionarla. Por ello reiteramos nuestra solidaridad irrevocable e incondicional con los mismos.

6. Rechazamos categóricamente el implemento de medidas internas tales como el aumento del personal en el cuerpo de seguridad (Auxilio UNAM), la credencialización, la instalación de cámaras de seguridad, la revisión de mochilas, etc.; y externas como la vigilancia a cargo de las fuerzas de seguridad pública, ya sea del Distrito Federal o del Estado de México, ya federales (Vid. La Jornada 4/09/08). Recordemos que el Instituto Politécnico Nacional es custodiado por dichos cuerpos policiacos y los grupos porriles siguen existiendo.

7. Exhortamos, en virtud de lo anterior, a la unidad y organización de los estudiantes, académicos, administrativos y trabajadores para hacer frente a esta problemática; los ejemplos históricos demuestran que ésta es la vía de solución.

Ciudad Universitaria a 19 de septiembre de 2008