RECORRIDO 01: INICIATIVA MERIDA

POR: Alejandra Sosa
(adherente univestaria)

La iniciativa Mérida.

Desde el comienzo de su mandato, Felipe Calderón impulsó una serie de medidas gubernamentales en torno a la seguridad nacional. La iniciativa Mérida es una de las más significativas, en tanto que determina la legalidad en torno al ejercicio del Poder Judicial mexicano. Esta iniciativa, que se ha denominado Plan México por su similitud con el Plan Colombia, tiene como fundamento la detención del narcotráfico, la prevención de la delincuencia y del terrorismo. Este proyecto va de la mano con la entrada en vigor de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y por lo tanto, con el apoyo económico por parte de Estados Unidos para la “prevención” de la delincuencia. El tratamiento amarillista de las noticias por parte de los principales medios masivos de comunicación, destinado a confundir e infundir el miedo entre la población, ha servido como cimiento de la propuesta.

De forma general, la iniciativa tiene como fin tener un control mayor sobre las telecomunicaciones en México y el espacio aéreo, que será posible a través del apoyo de los Estados Unidos a la “causa antiterrorista” mexicana. Las negociaciones alrededor de este plan se iniciaron en enero de 2007 e involucran a diferentes instancias tanto del gobierno norteamericano como del mexicano, participando por parte del primero el Departamento de Estado y de Justicia, la Secretaría de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, la FBI, la agencia antidrogas (DEA), mientras que por parte de México participan el Congreso, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de Guerra, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La discusión que dentro del ámbito intelectual se ha dado respecto al llamado Plan México gira principalmente en torno a la violación de la soberanía nacional, dejando de lado que la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida implica la legalización de la persecución y hostigamiento que las luchas sociales organizadas han venido denunciando, no ya en años recientes, sino en los últimos meses.

En un artículo publicado en el periódico La Jornada (21 de agosto de 2007) Carlos Fazio alertaba sobre la creciente interferencia norteamericana: “El Departamento de Estado estadunidense confirmó al diario The Washington Post que el plan de ayuda, estimado entre 700 y mil 200 millones de dólares para los dos primeros años de ejecución, incluiría tecnología para espionaje y vigilancia –entre la cual destacan equipos para intercepciones telefónicas y radares para rastrear envíos de traficantes por aire–, aeronaves para transportar grupos de elite, así como ‘diversos tipos’ de entrenamiento militar y policial.”

La violencia contra quienes se organizan políticamente y hacen suya la lucha de género, los derechos laborales, el acceso a la educación o la defensa de la naturaleza, sólo por mencionar unos cuantos, ha crecido de manera alarmante en los últimos años; casi en la misma medida que la corrupción y la impunidad de los aparatos del Estado. La implementación de medidas gubernamentales que pretenden ampliar la influencia y poder de las Fuerzas Armadas y de inteligencia, esconde tras de sí la necesidad de enfrentar a las luchas sociales organizadas. Para muestra basta un botón: la lucha contra la construcción de hidroeléctricas, por la libre determinación de los pueblos indígenas, han sido enfrentados con encarcelamientos ilícitos, hostigamiento y asesinatos. Basta dirigir la mirada a Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Tlaxcala, Chihuahua, Sonora, Chiapas, y encontraremos las huellas de la persecución. Amenazas de muerte, acoso, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos, que van de la mano a la legalización del abuso del poder que significa la Iniciativa Mérida.