Todos somos necesarios para construir la facultad del pensar humanamente

En la vida, tanto individual como institucional, existen hechos sociales que no deben dejarse pasar ni normalizar, pues es posible advertir en otros procesos históricos y en otros territorios que se han desatado situaciones inhumanas de hechos que, ligados directa o indirectamente, resultaban inobservables en un principio. Actualmente en nuestro país, sumido en guerras de todo tipo, están en pleno apogeo políticas de “marcar cuerpos y limpiar calles”: en Aguascalientes se tortura, corta y pinta de tricolor el pelo a los reincidentes en delitos menores; en Guanajuato y Culiacán se prohíbe besarse en la calle y decir groserías; en León se mantiene desnuda a la vista del público y se tortura a una estudiante en la cárcel municipal; en Querétaro se extorsiona y encarcela a artesanas indígenas; en Tuxtla se impide trabajar a pepenadores. No está de más recordar que la teoría de la guerra enseña que la primera etapa de ella es la instalación del ‘pre-juicio social’, y la última—que ojalá nunca llegase— el genocidio.

En Cuernavaca, particularmente, ahora estamos atravesados por este tipo de hechos sociales que algunas organizaciones sociales hemos intentado primero detener y luego revertir. El 23 de enero del año presente se publicó en el periódico oficial una modificación, aprobada en Cabildo, a un artículo del Bando de Policía y Buen Gobierno donde se prohíbe el trabajo en la calle, con multa de 100 días de salario mínimo o 36 horas de cárcel. Lo más grave e inmoral de esta ley, entre otras cosas, es que las autoridades nunca han presentado públicamente las denuncias ciudadanas acerca de choques, robos y extorsiones de trabajadores de la calle en parques y cruceros de la ciudad, razones esgrimidas para justificar el bando. Las organizaciones sociales realizamos entonces una Consulta Ciudadana, al estilo del “caminar preguntando”, donde preguntamos a la sociedad civil acerca de su experiencia con las causas del Bando: 83 % no está de acuerdo con las modificaciones al Bando, y más del 95% nunca tuvo accidentes ni extorsiones por parte de esos trabajadores. En un pre-cabildo convocamos a discutir estos datos y allí salieron, de boca de los regidores cuernavacenses los verdaderos argumentos para esa ley: “Los trabajadores de la calle son focos de infección social, son promiscuos…alejan a los turistas…afean la ciudad, no la hacen atractiva y atemorizan a los turistas”, “sacar a los pobres es sólo una primera fase para Cuernavaca turística…ya que el mismo aspecto de los trabajadores hace que los turistas se asusten, no se ve bien”, “En la calle están sólo los que se drogan, ellos han venido a descomponer la vida”, “los limpiavidrios son turbas”, “los parientes son explotadores de menores…”, etc. etc. Ante esta “verdad desnuda”, falsa y clasista como pocas, los regidores han tenido que dar marcha atrás y declarar una tregua a la aplicación del Bando.

Lo que sucedió en junio con los vendedores de los corredores exteriores a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, me parece que es bueno para reflexionarse ahora como ejercicio de “reversibilidad”, sobre todo para no normalizarlo. Aclaro que me faltan muchos elementos porque no estoy al tanto de todos los antecedentes ni de la coyuntura actual. Desde el inicio del conflicto, me pareció incorrecto asociar este problema de los vendedores del pasillo con la situación (y recuperación) del auditorio “Che Guevara” y con las drogas. Me pareció una estrategia de provocación, o en el mejor de los casos, de confusión. En lo personal, traté de separar los temas y me pareció un objetivo valioso el lograr que los vendedores recuperaran su legítimo territorio del pasillo, porque no veía ninguna razón verdadera —tan sólo falsos prejuicios— para que los hubieran sacado de allí.

Otro punto que me parece importante es considerar que los vendedores son parte de la facultad y la universidad. Ellos son parte de la "comunidad universitaria", son "trabajadores de la cultura" y colaboran en forma central a la vida universitaria con sus libros, películas, música, comida, ropa. Sin ellos, la universidad sería muy diferente; enriquecen de sobremanera nuestra cultura y la academia con películas y libros, únicos y de gran nivel, que allá se consiguen. Es necesario dignificarlos en su trabajo e identidad social. Cada vez que los veo agradezco mucho su presencia, indispensable para la cultura.

Como casi siempre en la historia de la instalación del prejuicio social, se usa la táctica de la "generalización”, o sea, se toma un hecho excepcional —la muerte de un joven ¿acusado? de vender droga— y se generaliza diciendo que "todos son así”, y se complementa con el "aterrorizamiento ciudadano": no vaya a haber más muertos, el delito ya llegó a la universidad. El tema de la droga, el pequeño delito y la violencia entre bandas son temas interclases que atraviesan a todo el territorio nacional, y la UNAM, ni está fuera de ellos, ni es un “oasis de paz”. Este tipo de hechos suceden al cubo, desafortunadamente, en todos los rincones del país, en todas las clases sociales, y los principales exponentes están entre los que tienen más dinero, no entre identidades de subsistencia como las de estos vendedores y muchos de nosotros. Por tanto, es muy injusto criminalizar a gente que dignamente se gana su vida "vendiendo y reproduciendo cultura". Ojalá regresen lo antes posible todos y todas los que vendían en esos pasillos para que compartan su humanidad y “riquezas culturales” con quienes por ahí caminamos. Sería una buena aportación moral y epistémica de la comunidad de filosofía y letras a la construcción de la paz en el país, mostrando que el verdadero sinónimo de la paz no es la “seguridad armada” sino la pluralidad respetuosa. 


Pietro Ameglio
Agosto 2009