Actualmente, se ha vuelto común decir que el 68 representó un parte aguas en la historia de México puesto que aportó un sin fin de elementos a la democracia. Sin embargo, pocos recuerdan que la democracia no es más que un grupo de leyes y acuerdos (impuestos según las necesidades del Estado) que sirven para legitimar al gobierno mismo, es decir, para aparentar que en México se respetan las leyes y los derechos humanos.
Ahora, en el marco de la institucionalización del 2 de octubre, este suceso comienza a integrarse a la historia oficial que contará los hechos velados por una niebla que no sólo los muestra remotos, sino que agrega las victimas a la eterna lista de los “héroes mexicanos que nos dieron patria”. Bajo esta idea positivista y de progreso, el Estado se viste de gloria al mostrar y enfatizar, un concepto de democracia que aparentemente es muestra de avance y mejoría política en el país.
Hoy, como hace cuarenta años, el Estado dispone de un sin fin de elementos para reprimir y acabar con las expresiones de protesta social. Hasta la fecha, se utiliza la cárcel en contra de todo aquel que se oponga a los mandatos del gobierno, sin importar cuáles sean sus razones o exigencias, o reclame sus derechos de manera organizada.
Hoy, como entonces, se utiliza a los medios de comunicación para desvincular y estigmatizar estas luchas. Sin embargo, existen diferencias que muestran los avances cualitativos que en materia de represión ha tenido el Estado desde entonces.
Hace 40 años las personas que eran injustamente presas por su participación en las luchas sociales eran juzgadas bajo el delito de disolución social. Dicho delito estaba claramente identificado como un delito político, es decir, era evidente que estas personas estaban presas como resultado de su participación política, de modo que a los ojos de la ley no eran delincuentes comunes ni asesinos cualquiera. Ahora, tras la fachada de una falsa democracia que se jacta de la eliminación de estos delitos, se oculta una táctica mucho más perversa: la criminalización de la protesta social. Los presos políticos y de conciencia en la actualidad son juzgados bajo delitos comunes o federales. Se les acusa de terroristas o secuestradores y se les hace aparecer ante la opinión pública como peligrosísimos delincuentes que ponen en riesgo a la nación, y más grave aún, sin que pueda percibirse que los delitos que cometieron son de orden político, si realmente se puede hablar de delito como tal. Finalmente el Estado los apresa debido a que le han declarado la guerra y luchan contra él (presos políticos) o bien por el simple y sencillo hecho de que exigen el cumplimiento de sus derechos y luchan usando todas las formas legales de protesta para que se cumplan sus garantías (presos de conciencia).
En este sentido no se debe perder de vista que proporcionalmente a la constancia con la que se habla de construcción de democracia y se firman tratados y acuerdos sobre los derechos humanos, aumenta la especialización y perfeccionamiento en las formas de represión y tortura del Estado mexicano. No debe sorprendernos la capacidad que ha desarrollado para someter a las personas a juicios plagados de irregularidades jurídicas, sembrar pruebas y fabricar delitos que a una increíble velocidad hacen de los derechos humanos y su ejercicio delitos que ponen en riesgo a la nación. Tal es resultado de una evolución en su táctica y de su capacidad de aprender de los errores pasados.
Ante este ambiente de criminalización de la protesta social, los delitos que antes eran llamados de disolución social han cambiado de nombre, ahora son conocidos como terrorismo, secuestro equiparado, obstrucción de las vías de comunicación: han perdido su esencia política. A la par, los medios de comunicación emprenden una campaña para generar pánico en la sociedad exacerbando la delincuencia que no es más que el resultado de la descomposición social que el mismo Estado propicia.
Mientras el Estado no asuma su responsabilidad de garantizar el goce de los derechos humanos de la población, mientras no garantice el cese del uso de las fuerzas armadas y los instrumentos policíacos con fines represivos, decenas de derechos humanos seguirán siendo violados y conducirán a las personas a la necesidad de organizarse y exigir su cumplimiento a través de la protesta. Así, un nuevo reto se le presenta a aquellos que son reprimidos: aprender a defenderse con más instrumentos, en este caso la documentación de las violaciones a los derechos humanos es fundamental, para desnudar las políticas represivas del Estado.
Por lo demás es clarísimo que en una cosa se parecen las condiciones del 68 y las actuales, los agitadores, esos oscuros entes con propósitos perversos siguen siendo los mismos: el Estado y su política de muerte y terror.
Comité Cerezo México
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