El pasado viernes 12 de septiembre la comunidad universitaria fue víctima del hostigamiento porril. So pretexto de la "quema del burro", recorrieron impunemente el Campus y a su paso lesionaron con petardos, navajas, piedras, palos y botellas a estudiantes, trabajadores, vendedores y a todo aquel que en su camino encontraron. Ante esto, las autoridades universitarias, tanto de Rectoría como de la Facultad de Ingeniería, mostraron nuevamente su histórica complicidad con los grupos porriles al mostrarse indiferentes a las advertencias hechas por los estudiantes de dicha facultad (Vid. La jornada, "Correo Ilustrado", 12/09/08). Lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre en la UNAM, actualmente numerosos grupos porriles operan con total libertad (por ejemplo la OEU, FEN, GES, Porra Pi, Grupo 3 de marzo, etc., que actúan, al menos, en CCH-Sur, Vallejo y Naucalpan, Prepas 1, 5, 6, 8 y 9, Facultades de Ingeniería y Derecho). Muchos de ellos están cobijados bajo el epíteto de "grupos de animación deportiva y promoción cultural", lo cual les permite recibir apoyo institucional de diversa índole. De forma cotidiana, la comunidad universitaria es presa de la violencia y hostigamiento sistemático ejercido por dichos porros y las autoridades, tanto de la Rectoría como de los planteles que los albergan, no actúan de manera eficiente para erradicarlos; por el contrario, algunas de éstas promueven y dirigen sus acciones en función de los intereses en el poder, tanto internos como externos. Estos hechos se inscriben dentro de los acontecimientos violentos que permean al país que justifican y legitiman la militarización del territorio nacional por parte del Gobierno Federal, mediante la criminalización de los movimientos sociales y toda manifestación divergente, con tal de implementar políticas favorables a los intereses de esta minoría en el poder.
Por ende, la Asamblea General, realizada en la Facultad de Filosofía y Letras el 17 de septiembre de 2008, declara que:
1. Responsabilizamos de todo acto porril y sus consecuencias a las autoridades de Rectoría.
2. Exigimos la destitución, expulsión y apertura de un proceso penal en contra de las autoridades que tengan nexos comprobables con grupos porriles y/o hayan encubierto actividades de los mismos.
3. Exigimos la expulsión de todo aquel que sea identificado como porro; así mismo, la apertura de procesos penales en su contra.
4. Exigimos que Rectoría haga públicas todas las investigaciones y evidencias (fotos, videos, informes, declaraciones, etc.) que tiene en su poder sobre los grupos porriles y sus actos.
5. Repudiamos la criminalización por parte de Rectoría de los movimientos políticos y sociales, especialmente los estudiantiles, lo cual concuerda con las políticas coercitivas a nivel nacional. Esto puede apreciarse en el cartel informativo publicado por Rectoría el 17 de septiembre ante los recientes ataques porriles en el que se equiparan los movimientos político-sociales con "las acciones violentas y de porrismo":
“La Universidad Nacional ha sido víctima de diferentes actos violentos y de intromisión, que han afectado la normalidad de su vida académica. Este es el caso del bloqueo de sus vialidades internas por el grupo autodenominado «en defensa de los caídos de Atenco», del 25 al 27 de agosto; y del uso indebido de las instalaciones universitarias por varias decenas de «campesinos ecologistas» y más de un millar de profesores, los días 31 de agosto y 10 de septiembre, respectivamente. Otros grupos de porros, a lo largo de este año, también han agredido diferentes planteles del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria”.
El carácter público y nacional de la Universidad le impide cerrar los ojos y dar la espalda a la problemática social y política no sólo del país, sino de América Latina y, por ende, a los movimientos sociales que buscan solucionarla. Por ello reiteramos nuestra solidaridad irrevocable e incondicional con los mismos.
6. Rechazamos categóricamente el implemento de medidas internas tales como el aumento del personal en el cuerpo de seguridad (Auxilio UNAM), la credencialización, la instalación de cámaras de seguridad, la revisión de mochilas, etc.; y externas como la vigilancia a cargo de las fuerzas de seguridad pública, ya sea del Distrito Federal o del Estado de México, ya federales (Vid. La Jornada 4/09/08). Recordemos que el Instituto Politécnico Nacional es custodiado por dichos cuerpos policiacos y los grupos porriles siguen existiendo.
7. Exhortamos, en virtud de lo anterior, a la unidad y organización de los estudiantes, académicos, administrativos y trabajadores para hacer frente a esta problemática; los ejemplos históricos demuestran que ésta es la vía de solución.
Ciudad Universitaria a 19 de septiembre de 2008
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